Presentación de Amicus Curie ante la Corte IDH junto con DPLF en relación con el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras
Estamos muy felices de compartir que la Co-Directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 鶹Ƶ Wshington College of Law, la Profesora Claudia Martin, presentó junto con la Fundación para El Debido Proceso (DPLF) un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionado con el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras. La Profesora Martin conto con el apoyo de estudiantes de nuestro LL.M en residencia, Mosi Meza (Peru), Luis Eliud Tapia (Mexico) y Gabriel Ortiz (Venezuela), a quienes agradecemos sinceramente su compromiso y dedicación en la investigación y redacción del Amicus.
El caso esta relacionado con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras por el Congreso Nacional ocurrida el 12 de diciembre de 2012. La acción se dio luego que la Corte –por mayoría de votos– declaró inconstitucional la Ley Especial de Depuración Policial, a la cual el Congreso Nacional señaló que “no era congruente con la política de seguridad” del Estado. Poco después de esta remoción, el 5 de abril de 2013, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 51-2013, Ley Especial de Juicio Político, que reguló este procedimiento de responsabilidad funcional para los altos funcionarios del Estado hondureño, incluyendo a sus altas autoridades del sistema de justicia.
Este Amicus se centra la necesidad de desarrollar la jurisprudencia interamericana sobre independencia judicial aplicables a procedimientos de juicios políticos, y en concreto, explora como La Ley Especial no subsanó la violación del principio de legalidad en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno de los magistrados destituidos. Lo anterior en la medida que la Ley establece disposiciones abiertamente contrarias a precedentes consolidados en el Sistema Interamericano, incluyendo garantías de plazo razonable para la realización de una defensa adecuada, el acceso a un órgano juzgador independiente e imparcial y el derecho a la revisión judicial. En efecto, el Amicus reconoce que desde el caso Rico Vs. Argentina la Corte IDH determinó que la realización de juicios políticos contra funcionarios judiciales no necesariamente es inconvencional, sin embargo, para ser compatible requiere del cumplimiento de garantías específicas que no se encuentran protegidas bajo la Ley en cuestión.
La interposición de este Amicus busca ofrecer elementos a la Corte para que valore seriamente pronunciarse sobre la Ley, lo cual encuentra justificación en que, a pesar de no haberse aplicado a las victimas del caso, su emisión lejos de constituir una reparación fue en realidad un reconocimiento de las violaciones que dieron origen al caso. Por ello, sobre el Estado hondureño pesa una obligación de reformar la Ley. De no adoptarse estas acciones, se corre el riesgo que las mismas violaciones del caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras se repliquen en todas aquellas situaciones donde se inicien juicios políticos contra funcionarios judiciales de altas cortes en Honduras.
Pueden consultar el texto del Amicus en el
Igualmente, pueden revisar el resumen del Amicus de DPLF en su pagina web: